Pena de Muerte. otra vez.

¿Cómo se dice 'pena de muerte' en portugués?:
'Jaladinha do Moreira'.

Recomiendo visitar el Blog del Oso Bruno en donde encontré un post inteligente acerca de la irresponsable y tonta iniciativa del Congreso coahuilense sobre la re-reforma al artículo 22 y su apoyo por parte del PRI y del PVEM (!)

Estoy enojada con México. Parecemos payasos.
Una sociedad racional no puede decir y pedir lo que he leído en los diferentes medios. Una sociedad racional en el siglo XXI no puede pedir linchamientos, una sociedad racional no puede decir "que los maten". Hay argumentos para defender la pena de muerte, pero hasta ahorita, ni siquiera los de los legisladores coahuilenses y menos, mucho menos, los del rídiculo Moreira son respetables. Decir "ojalá que secuestren a algún familiar de los que se oponen para ver si siguen oponiéndose" es una barbaridad.

El artículo 14 de nuestra Constitución garantiza la irretroactividad de la ley, es decir, no podría imponerse a un delito cometido hoy, una pena impuesta hoy. Siempre aplican los principios indubio pro reo e indubio pro libertatis, es decir, en caso de duda siempre a favor del reo y de la libertad. Los legisladores de Coahuila, me parece, también quieren modificar éste principio básico del Estado de Derecho.

He leído hoy una carta de una lectora en el Reforma, en dónde justamente aboga por los derechos de las víctimas.

El derecho de vida no está a discusión, pero lo que sí debería discutirse es si alguien que asesina con dolo, maldad y premeditación tiene derecho a seguir vivo, cuando no respetó el derecho de la persona a la que mató. Se respeta el derecho del asesino, ¿y la víctima? ¿No tiene derechos? ¿Qué pasó con sus derechos cuando fue asesinada?¿Una persona que secuestra a otra quién se cree para privar de la libertad? No hay motivo válido que justifique esa acción. ¿Dónde quedan los derechos de la víctima que es secuestrada? Y, si además es asesinada, ¿qué pasó con sus derechos a la libertad y la vida? ¿Fueron respetados por el criminal?
Yo voto porque se les aplique la pena de muerte porque no se le puede conceder un derecho mayor al criminal que a su víctima. Los derechos de los criminales se terminan donde empiezan los de las víctimas.

Bueno, es que se trata de dos cosas diferentes. Podríamos matizar diciendo que los derechos de los criminales se terminan cuando sabemos, tenemos la certeza de que ellos fueron los criminales, quizá así podría estar un poquito de acuerdo con la lectora del Reforma. Pero ni así. Porque entonces, una vez juzgado y comprobada la culpabilidad quiere decir que quedas "a merced" de la nada jurídica?
Me explico: para poder saber que ese criminal secuestró a su víctima y la privó de la vida, primero hay que comprobarlo no es cierto? Para lograr comprobarlo es que se sigue un proceso penal en dos partes: la investigadora por parte del Ministerio Público en donde éste reúne pruebas que hagan probable la responsabilidad de una persona y la segunda parte, la procesal, es decir, frente a un juez ambas partes: el Ministerio Público como representante de la víctima y de la sociedad acusa a una persona de haber cometido un delito, y éste tiene derecho a defenderse. Una vez que es probada la responsabilidad, el juez dicta sentencia y establece una pena. Todo esto, es lo que falta en México, pues podemos imponer penas de muerte, piquetes en los ojos, dos mil latigazos, crucifixión, linchamiento en el zócalo, lapidación con chile y limón, etc. Si no tenemos un probable responsable, entonces, para qué queremos esas penototas?

Los derechos del imputado son importantes, porque no sabemos si realmente esta persona es la que cometió el delito o se le están imputando (atribuyendo) hechos que él no cometió. Recordemos a la Inquisición o la cacería de Brujas. El simple hecho de que alguien dijera que otra persona era bruja era prueba suficiente para quemarla en la hoguera, no habían derechos procesales.

Abogar porque los presuntos delincuentes no tengan derechos, es equivalente a querer revivir éstos procesos medievales.

Seguramente la lectora me dirá, pues si, que se pudran en el infierno, que los torturen igual que a sus víctimas!
-Yo le respondería, pero cómo sabes qué esa persona fué la que secuestro? Que pasaría si suspendemos las garantías procesales de manera general? y un día alguien dice que tú o que yo cometimos un delito? nos juzgarían igual, sin ningún derecho.

Y tal vez la lectora diría: pues no sería de forma general, sería sólamente para los secuestradores. A mi no me pasaría nada porque yo soy una persona decente yo no mato ni secuestro, no soy como esos secuestradores nacos espantosos (lo he leído). Para que aprendan, verás que así dejan de secuestrar. Sería ejemplar que les quitaran sus derechos, porque ellos se los quitaron a sus víctimas.
- Y yo le respondería. Bueno, pero cómo sabemos que ellos fueron los secuestradores? Si quitamos las garantías procesales en los casos de secuestro, cualquier podría ser acusado, y recuerda querida lectora, el mundo da muchas vueltas y Robespierre murió guillotinado...

La vida -la seguridad- de las personas debe ser protegida por el Estado, es una tarea primordial de éste. Cuando la libertad y la vida de las personas es privada por parte de otro particular, NO podemos hablar de violación de derechos entre privados. Los secuestradores no violan derechos. En el mismo sentido que un Estado viola derechos. El secuestro y homicidio son cometidos por un particular, la pena de muerte sería un homicidio legal cometido por el Estado.

Los derechos fundamentales son garantías, límites FRENTE AL ESTADO, no son garantías entre particulares.
Los derechos del secuestrador no son especiales, son los derechos de TODOS los individuos frente al Estado, que además, deben ser generales. Es decir, no debe haber excepciones, pues de otra forma, si hay derechos diferentes para unos y para otros, entonces no podremos hablar de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, principio básico del Estado liberal de Derecho.
No podemos irle abriendo huecos al Estado de Derecho.
Las excepciones no son compatibles con la igualdad y la libertad.
No es que el secuestrador tenga más derecho a la vida que la persona secuestrada y asesinada. Es que se trata de dos ámbitos diferentes.
En última instancia el responsable de la muerte y de la privación de la libertad es el Estado, pues debía prevenir que esos delitos se cometan.
El delincuente abusa de su libertad y los comete. El Estado es el responsable. A quien hay que exigirle responsabilidad, a quien hay que "echarle en cara esa muerte" es al Estado, por eso es éste quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza y puede privar de la libertad a quienes incumplen con las normas.

Es decir, con quien deberíamos estar enojados es con el Estado, concretamente, con los gobiernos que no pueden protegernos de los secuestradores y homicidas. Al pedir la pena de muerte y las excepciones al Estado de Derecho, nos estamos haciendo el harakiri. Ésas reglas son nuestras garantías frente al Estado, minarlas, crear estados de excepción es darle al enemigo la llave de nuestra casa.

"El derecho es el prototipo de los requisitos bajo los cuales el arbitrio de uno puede ser conjugado el arbitrio de otro a través de una ley general de la libertad."
-Immanuel Kant

El secuestro y el homicidio son hechos jurídicos entre particulares, éstos hechos son tan graves que la sociedad decide imponerle una pena. Efectivamente, las sociedades deciden de acuerdo con la gravedad de los delitos, las penas. Pero existen límites, por eso nuestro artículo 22 establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes,los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. En México desde 2005 no existe más la pena de muerte y además según la Constitución el sistema penal tiene como finalidad la readaptación, por lo que es absurdo hablar de la muerte si el fin es readaptar. Sobre eso se puede discutir mucho, pero la realidad es que México se unió a los países protectores de derechos humanos al abolir la pena de muerte, se ha comprobado que no es una solución a los homicidios y se legaliza el homicidio como venganza.
Hoy, por disposiciones del Derecho Internacional, México no puede volver a la pena de muerte.
La pena para el secuestro hoy, es de cerca de los 70 años, el problema central, y ese es el derecho de las víctimas (que en este caso ya no son los muertos sino sus familiares) es que quien cometió el delito cumpla con la pena prevista para éste, es decir, que el Estado cumpla con su obligación de perseguir los delitos y sancionar a quienes los hayan cometido conforme a la ley. Además de que en primer lugar, el Estado debe prevenir la comisión de delitos.
El derecho de la víctima es que se acabe con la impunidad. Que el Estado efectivamente sancione a quienes cometen delitos. No que "haga venganza" en nombre de las víctimas. No podemos hablar de un ojo por ojo.

El derecho de todos, incluído el secuestrador, es que seamos juzgados conforme a la ley, y que no se nos apliquen reglas ni tribunales especiales. La igualdad ante la ley no puede tener excepciones, sino, ya no es igualdad.

Los legisladores de Coahuila y otros políticos y ciudadanos irracionales en México quieren revivir la pena de muerte incumpliendo con el derecho internacional, quieren crear un estado de excepción para la irretroactividad de las leyes, lo que significa abrir un hoyo negro al Estado de Derecho, ésta apertura permitiría crear leyes especiales, procedimientos y tribunales ad hoc para que la sociedad pueda saciar su venganza harta de la incapacidad del Estado de cumplir con su tarea primordial: la seguridad de las personas.

De nuevo: si sacrificamos el Estado de Derecho por culpa de la incapacidad del Gobierno mexicano (Federal y locales), saldremos todos perdiendo. No sólo los secuestradores, quienes además no verán nunca un fusil ni una jeringa ni una cámara de gas, porque nuestro sistema no ha podido ni siquiera ubicarlos...cambiar la ley no es en sí misma la respuesta. La respuesta está en modificar el sistema de seguridad pública y de procuración y administración de justicia. México ni siquiera tiene un sistema para imponer penas de muerte. No se trata de reescribir el artículo 22 y sacar los fusiles. Eso sería digno de cualquier régimen talibán.

Los ciudadanos mexicanos que piden, claman, la pena de muerte no se dan cuenta de que entran en el juego de la autoridad incapaz. Lo que los ciudadanos debemos exigirle al gobierno de México es que acabe con la impunidad. Que investigue, que resuelva, que procese y sancione a los delincuentes. No que legisle como los payasos del circo, para ganarse aplausos -o votos-.

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